Ausencia de Anaya obedece a estrategia: Jorge Martínez Ocampo
El especialista asegura que la estrategia legal llevada a cabo por Anaya es correcta, la cual consiste en no presentarse ante la autoridad judicial, ya que los delitos por los que se le investiga no son considerados de prisión preventiva oficiosa
La estrategia implementada por Ricardo Anaya de no presentarse ante las autoridades judiciales para enfrentar las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), es la correcta, de acuerdo a litigantes expertos en el tema.
Y es que la FGR acusó al ex candidato presidencial de recibir sobornos cuando era diputado federal por al menos 6.8 millones de pesos, así como por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, por los que le podrían dar 30 años de cárcel.
Para Jorge Martínez Ocampo la estrategia legal llevada a cabo por Anaya es correcta, la cual consiste en no presentarse ante la autoridad judicial, ya que los delitos por los que se le investiga no son considerados de prisión preventiva oficiosa.
Afirmó que al no asistir a su audiencia, es seguro que el Ministerio Público de la Federación solicitará la prisión preventiva justificada, por lo cual, al ser un asunto mediático y existir antecedentes como el de Rosario Robles, “es prácticamente un hecho que la autoridad judicial otorgará la medida cautelar de prisión preventiva justificada, máxime al ser un asunto politizado en exceso”, argumentó el experto en derecho penal.
Martínez Ocampo especialista en delitos de cuello blanco, señaló que las medidas cautelares tienes tres fines que son el garantizar la presencia del imputado en el proceso; que no se obstaculice el desarrollo de la investigación; y la protección de la víctima u ofendido. “Lo cual podría ser en su conjunto salvaguardado por las medidas cautelares que señala el artículo 155 en sus primeras 13 fracciones del Código Penal Federal”.
Por su parte, Marco Antonio Chávez Vaca, indicó que en un sistema de justicia donde supuestamente se privilegia la presunción de inocencia, la prisión preventiva debe aplicarse excepcionalmente como última medida.
Agregó que México, por ejemplo, tiene además del marco constitucional, suscritos tratados internacionales como la Convención Americana de los Derechos Humanos y El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. “No omitiendo que la presunción de inocencia, no es sólo una figura jurídica, sino un Derecho Humano en este sistema de justicia penal oral y acusatorio”, estableció Chávez Vaca.
Por todo lo anterior, los especialistas en derecho penal y socios del despacho Martínez Ocampo & Chávez Vaca SC, coinciden en que la transformación de Procuraduría General de la República a FGR no solo se dio en la denominación, sino esencialmente, debió darse en la autonomía que tendría hacía el Poder Ejecutivo. “Lo cual en los hechos no ocurrió, por lo que continúa respondiendo a intereses políticos que en nada contribuyen a la procuración de justicia”, concluyeron.